DE REPÚBLICA A PRINCIPADO: CLAVES POLÍTICAS DE LA RES PUBLICA ROMANA
Francisco Pina Polo
Universidad de Zaragoza

El último siglo de vida de la República romana ha merecido una atención especial por parte de la historiografía moderna. Esto se explica, no sólo por la importancia en sí de este período histórico, sino por la inusual abundancia de fuentes literarias -y a partir de este momento también epigráficas- que lo ilustran. Se da el caso excepcional de que han llegado hasta nosotros los textos de tres contemporáneos de los hechos que narran, Salustio, Cicerón y César, los cuales, además, fueron protagonistas directos de ellos. Cualitativamente, esto presenta la ventaja de la inmediatez, pero, al mismo tiempo, tiene el riesgo de la subjetividad, cuando no la abierta parcialidad del narrador, por lo que es preciso enfrentarse a la lectura de estas fuentes con prudencia y espíritu crítico.

Salustio, que en la última parte de su vida se dedicó a historiar los principales acontecimientos de las últimas décadas en sus obras La guerra de Yugurta, La conjuración de Catilina y en sus Historias, estas últimas fragmentariamente conservadas, fue antes un activo político, del que sabemos incluso que durante su tribunado participó intensamente en la movilización que reclamaba el enjuiciamiento del impulsor de la muerte del controvertido Clodio. Por su parte, César, que ocupó sucesivamente entre otros cargos los de edil, cuestor, pretor, cónsul y procónsul antes de convertirse en dictador, se cuidó directamente o a través de otras personas de que quedara para la posteridad la imagen que de él mismo más le interesaba mostrar, sus hazañas militares, su clemencia para con los enemigos, los hechos que justificaban la guerra civil que inició contra Pompeyo tras cruzar el simbólico Rubicón. 

En cuanto a Cicerón, la cantidad de escritos suyos que se han conservado (tratados de retórica y filosofía, discursos en el senado, ante el pueblo y en los tribunales, cartas personales) le han convertido en nuestra principal fuente de información, hasta el punto de que en ocasiones el período ha sido visto exclusivamente con sus ojos y a través de sus opiniones, que están muy lejos de ser objetivas. Cicerón, un homo novus, es decir, un novel cuya familia procedía de la aristocracia de la ciudad latina de Arpino, pero de la cual ninguno de sus miembros antes que él había ocupado un cargo político en Roma, llegó a ser cónsul y se convirtió en un destacado senador, defensor de los puntos de vista de la élite romana más conservadora, pero su influencia política fue de hecho menor de la que parece desprenderse de sus escritos. Es por ello erróneo calificar los años centrales del siglo I a.C. como “época ciceroniana”, como si la política romana hubiera girado en torno a él y no tuviera más bien como principales protagonistas a personajes como César y Pompeyo, o incluso otros como Craso y el mismo Clodio. Sin embargo, es al mismo tiempo ciertamente imposible reconstruir la historia de este período sin acudir continuamente a la lectura de las obras ciceronianas.

Los autores antiguos fueron conscientes de que el que nosotros denominamos período tardorrepublicano constituyó una época de crisis. No se trata de una revolución, tal como la definieron, si bien con rasgos muy diferentes, tanto Mommsen como Syme y algunos autores marxistas, puesto que el resultado final no fue un cambio radical en la estructura de la sociedad, sino en la forma política, sustituida la res publica tradicional por el Principado de Augusto. La crisis tardorrepublicana, que hundía sus raíces en el período del gran desarrollo imperialista de Roma en los siglos anteriores, fue generada en última instancia por la inadecuación de la estructura política, social y económica de una ciudad-estado como era Roma en origen, aplicada a un imperio de dimensiones mediterráneas como había llegado a ser. Esto no significó sin embargo un retroceso en el imperialismo romano. Bien al contrario, durante el período tardorrepublicano el imperio se consolidó e inclusó amplió, hasta que Augusto le dotó de una nueva organización administrativa y de fronteras estables coincidentes con límites naturales como mares, ríos y desiertos.

La crisis se manifestó en una serie de cambios interrelacionados que afectaron a todos los campos de la sociedad romana. En el terreno económico, se aceleró un proceso que ya se había iniciado durante el siglo II, con el desarrollo creciente de grandes explotaciones agrarias o de explotaciones de tamaño medio, según el modelo propuesto por Catón en su manual sobre agricultura, con una producción dirigida al mercado de las grandes ciudades, con base en una mano de obra esclava y libre ocasional, en detrimento de la tradicional pequeña propiedad. La emigración de campesinos desposeídos de sus tierras hacia las ciudades, y muy en particular hacia Roma, provocó el sensible crecimiento numérico del proletariado urbano, en el que se integraron asimismo los cada vez más numerosos libertos, antiguos esclavos manumitidos por sus dueños. De este modo, la plebe urbana adquirió progresivamente un potencial papel político, cuya influencia se manifestó con claridad en determinados momentos del período, si bien nunca constituyó el factor decisivo. Por otro lado, los esclavos se convirtieron ahora en pieza clave de la economía romano-itálica, al formar parte esencial de la fuerza de trabajo en la mayoría de las actividades productivas.

En general, durante la época tardorrepublicana se profundizaron las diferencias de clase, de modo que la élite social se enriqueció considerablemente, al tiempo que se ampliaba. Los caballeros, miembros del orden ecuestre, muchos de ellos, como el mismo Cicerón, procedentes de las aristocracias itálicas, adquirieron enormes riquezas, en buena medida gracias a los recursos procedentes de los territorios mediterráneos bajo control romano. Puesto que desde el punto de vista económico estaban en condiciones de competir o incluso superar a la aristocracia tradicional, la nobilitas, estos nuevos ricos reclamaron con fuerza su incorporación a las magistraturas, al senado y, en definitiva, su coparticipación en el gobierno del imperio. El conflicto planteado entre estos advenedizos por lograr el acceso al poder y una parte importante de la élite tradicional por limitarlo o impedirlo, representa una de las claves para entender una buena parte de los problemas políticos del período.

Por otro lado, la antes mencionada crisis del pequeño campesinado repercutió decisivamente en la estructura del ejército romano. Tradicionalmente, las legiones habían estado formadas por soldados que lo eran en tanto que eran ciudadanos romanos y a la vez campesinos propietarios al menos de una mínima extensión de tierra que les permitía adquirir por sí mismos su equipamiento militar: son los denominados adsidui. Se trataba por consiguiente de un ejército de tipo hoplítico, en esencia idéntico al que había sido inventado en los estados griegos de época arcaica. El reclutamiento legionario era concebido como un derecho de los ciudadanos y, al mismo tiempo, como una obligación para la defensa de la comunidad. Sin embargo, ese derecho se había convertido en una penosa carga para muchos campesinos a medida que crecía el imperio, como demuestran durante el siglo II los motines en el seno de las legiones y en ocasiones las negativas a aceptar el reclutamiento forzoso. Las guerras ya no se libraban en Italia como antaño, ni las campañas eran estacionales, lo que entonces había permitido la continuación de los trabajos agrarios imprescindibles. Ahora los conflictos bélicos se desarrollaban a miles de kilómetros de distancia, en Hispania, en la Galia, en Oriente, en el Norte de Africa, etc., y el ejército romano se veía obligado a estar en pie de guerra permanentemente, de manera que las legiones permanecían fuera de Italia con frecuencia durante varios años consecutivos. 

Ésta fue la causa principal del empobrecimiento de muchos pequeños propietarios de tierra, imposibilitados para mantener la producción y obligados a endeudarse hasta verse privados finalmente de sus parcelas. Pero si un campesino perdía su propiedad, automáticamente se convertía en un proletario, con lo que su reclutamiento dejaba de ser factible. Es decir, justo en el momento en que el estado romano tenía una mayor necesidad de soldados para atender sus múltiples frentes de guerra, el número de posibles legionarios disminuía año a año a causa de la proletarización de una parte de la ciudadanía. El ejército hoplítico tradicional, creado para cubrir las necesidades de Roma ciudad-estado, se demostraba inadecuado para hacer frente a las exigencias de la Roma imperial.

No sorprende, por lo tanto, que la reforma emprendida por Cayo Mario en los últimos años del siglo II a.C. no tuviera aparentemente ninguna oposición. De hecho, no fue sino la culminación de un proceso que se había venido desarrollando tras la guerra contra Aníbal en los decenios anteriores, en los que la riqueza mínima requerida para ser legionario fue rebajada al menos un par de veces con el fin de incrementar el número de adsidui. Básicamente, lo que hizo Mario fue admitir en las legiones a los proletarii, ya no sólo a los propietarios, con lo que todos los ciudadanos romanos sin excepción eran desde ese momento susceptibles de ser reclutados. A medio plazo, el ejército romano tendió a proletarizarse, puesto que los desocupados encontraban en él una salida, al tiempo que los propietarios podían evitar los peligros que conllevaba. Pero este cambio tuvo unas repercusiones políticas que resultaron decisivas en el proceso final de disolución del régimen republicano. Los soldados pasaban muchos años al servicio de un mismo imperator, de generales como Mario, Sila, César o Pompeyo, con los que se creaban estrechos vínculos, auténticas clientelas militares que tenían su continuación en la sociedad civil tras la desmovilización de los veteranos.

Poco a poco, el ejército del estado romano se convirtió en la práctica en distintos cuerpos de ejército personalizados, que los generales usaron en su propio beneficio como arma para luchar por el poder. Lucio Cornelio Sila indicó claramente el camino a seguir cuando finalizó su largo enfrentamiento con Mario marchando con sus legiones a la conquista de Roma. Una vez tomada la ciudad, Sila se convirtió en dictador en el año 82, iniciando un ambicioso plan de reformas institucionales y sociales. Ese proceder sirvió de modelo en el futuro y fue después seguido con diversas variantes por otros imperatores. Pompeyo, tras servir fielmente primero a Sila y luego al senado en la década de los 70 en distintos escenarios, reprimiendo el movimiento inspirado por Lépido contra el régimen silano, acabando con el foco de insurrección que Sertorio representaba en Hispania y por último poniendo fin a la rebelión de esclavos dirigida por Espartaco, marchó con su ejército a Roma, acampó con sus tropas frente a la ciudad y reclamó como recompensa que se le permitiera aspirar a la máxima magistratura del estado, el consulado. Pompeyo no podía legalmente ser cónsul, puesto que ni tenía la edad mínima requerida, 43 años, ni había desempeñado previamente ninguna de las magistraturas inferiores como era preceptivo. Sin embargo, el agradecimiento de la clase dirigente por haber librado al estado de peligros manifiestos, la popularidad que con ello había alcanzado entre el pueblo y la evidente presión que sus soldados ejercían sólo con su presencia, fueron factores suficientes como para que Pompeyo fuera autorizado a presentarse a las elecciones, convirtiéndose en cónsul por primera vez en el año 70.

También sus éxitos militares y la fidelidad de sus soldados fueron las causas principales del ascenso político de César, que permaneció casi toda la década de los años 50 ocupado en la conquista de las Galias. A su regreso, el enfrentamiento con Pompeyo era prácticamente inevitable, pero César sólo inició la guerra cuando estuvo seguro de contar con el apoyo incondicional de sus soldados tras haberla justificado ante ellos como una defensa de su dignidad herida.

Por consiguiente, el ejército se convirtió a lo largo del siglo I a.C. en una fuerza social autónoma, con sus propios intereses, actuando decisivamente en determinadas ocasiones más al servicio de ciertos individuos que del conjunto de la comunidad, contribuyendo de esta manera poderosamente a que el sistema de gobierno se deslizara de un modo imparable hacia el poder unipersonal.

Por otra parte, una de las causas principales de la desintegración del régimen republicano es en mi opinión la incapacidad de un sector importante de la élite romana para admitir cambios institucionales, políticos y sociales en el ordenamiento tradicional de la res publica. Para un griego hubiera sido impensable vivir en un estado civilizado como Roma que no contara con una constitución escrita. Los romanos no se dotaron nunca de una constitución, pero sus políticos apelaron continuamente a las mores maiorum, a las costumbres de los antepasados, a la tradición en definitiva, para aceptar o rechazar propuestas legislativas o simplemente acciones individuales o colectivas. El grupo más conservador de la aristocracia romana, cuyo componentes se llamaban a sí mismos boni, los buenos, los hombres de bien, o incluso optimates, los mejores, instrumentalizaron en su propio beneficio el concepto mos maiorum y lo usaron como coartada para rechazar cualquier iniciativa que, desde su punto de vista, pusiera en peligro el orden establecido.

Sólo los boni se consideraban a sí mismos capaces de defender la esencia de la res publica de los antepasados, de cuyo gobierno deseaban excluir implícita o explícitamente a todos los que no pensaran como ellos. Para la inculta plebe sólo debía quedar la función de espectadora de la política que el senado, formado por hombres sabios, había de dirigir, mientras que la participación política de los grupos sociales que reclamaban un espacio de privilegio y a la vez de responsabilidad en el estado, los caballeros y las aristocracias itálicas, era limitada y debía quedar en todo caso subordinada a la nobilitas tradicional. En realidad,  en la Roma republicana nunca fue incentivada la participación política activa de los ciudadanos, exactamente al contrario de lo que sucedió en la Atenas democrática. En Roma, un particular cualquiera no tenía capacidad de iniciativa legislativa, prerrogativa exclusiva de los cargos públicos, todos ellos miembros de la élite, de modo que los ciudadanos romanos sólo podían contestar en los comicios afirmativa o negativamente a la propuesta de ley de un magistrado, sin que estuviera permitido introducir ninguna modificación o enmienda. En general, la élite romana hizo todo lo posible por restringir el control popular de los órganos de gobierno y la intervención del pueblo en ellos, mientras la capacidad decisoria real quedaba reservada a una minoría cualificada, lo cual resulta totalmente lógico si consideramos que el sistema político romano fue esencialmente aristocrático y nunca aspiró a ser una democracia. En particular en la época tardorrepublicana, como defensa frente a los cambios del período, asistimos a un intento de clausura y oligarquización de la res publica que, en última instancia, supuso a medio plazo la condena del sistema que se pretendía perpetuar.

Los autodenominados optimates tendieron a identificar sus propios intereses de clase con los intereses del estado. Todavía más: ellos mismos personificaban al estado romano. Su ideología quedaba de este modo automáticamente legitimada, puesto que era la única posible, siendo como era su principal objetivo el bien común. Al mismo tiempo, cualquier acción que ellos consideraran que atentaba contra el orden establecido quedaba deslegitimada, lo que convertía a sus promotores, que los optimates denominaban peyorativamente populares, cercanos al pueblo, en sediciosos, lo cual justificaba la lucha contra ellos por cualquier medio para lograr la salvación del estado.

Sin duda, tanto las obras de Cicerón que se han conservado como su vida política representan un excelente retrato de esta ideología optimate. En los años 50, una vez que había desempeñado el consulado en el año 63 y tras sufrir el exilio que le mantuvo alejado de Roma durante casi dos años, Cicerón escribió dos obras, De re publica y De legibus, en las que reflexionaba sobre el que para él era el estado ideal y sobre su mejor organización. En su opinión, el estado perfecto era precisamente el republicano romano, pero no el contemporáneo, sino el que habían construido los juiciosos antepasados. El orador aboga expresamente por el modelo anterior a los intentos de reforma de los Gracos, con lo que implícitamente reconoce que la res publica ha sufrido un deterioro en los últimos tiempos. Sin embargo, Cicerón no ve en ningún momento la crisis republicana como una crisis estructural de la sociedad y del sistema político. De hecho, el orador parece ignorar la realidad socioeconómica de su época o, en cualquier caso, prescinde de analizarla. En consecuencia, ni siquiera se plantea la resolución de sus problemas.

Cicerón liga el fracaso político de la res publica en su época con la corrupción moral que caracterizaría en su opinión a una parte de la clase dirigente, incapaz de conservar las virtudes que habían distinguido a los grandes personajes que forjaron el más glorioso pasado de Roma. La causa última de los problemas del estado romano era supuestamente la relajación de las costumbres, la pérdida de los antiguos valores, el desprecio de los dioses y de la religión. En consecuencia, Cicerón tiende a personalizar la crisis: unas pocas personas, que actúan exclusivamente por intereses propios y no por el bien común, crean dificultades con su actitud demagógica y con determinadas iniciativas políticas y legislativas. Ellos son los causantes de los problemas de la República, de modo que la solución a la crisis no pasa por la introducción de reformas, sino por la eliminación de los elementos peligrosos para lograr el restablecimiento del orden tradicional. Para Cicerón, la clave es que cada uno permanezca en el sitio que le corresponde en la sociedad: los boni deben gobernar a través del senado y de las magistraturas, la plebe debe obedecer. Esta postura, de la que Cicerón es un ilustre representante, pero en absoluto el único valedor, imposibilitaba la resolución de los problemas que acuciaban a la sociedad romana y facilitaba en cambio su enquistamiento.

Ni los optimates ni los populares formaron grupos políticos homogéneos y mucho menos partidos con una organización, un programa y un liderazgo, algo totalmente ajeno a la mentalidad y a la realidad política romanas, a pesar de que en especial la historiografía anglosajona haya tendido durante algún tiempo a caracterizarlos de esa manera, sin duda bajo la influencia del tradicional sistema de gobierno bipartidista tanto británico como norteamericano. No obstante, el mantenimiento de determinados problemas estructurales y la oposición de la mayoría senatorial a su resolución son factores que explican que los intentos de reforma de los llamados populares se asemejen entre sí durante decenios, dando una impresión de coherencia que no se corresponde con una inexistente formulación programática.

Los populares defendían la introducción de reformas concretas con las que retocar ligeramente determinados aspectos de la sociedad y del ordenamiento político romanos, sin por ello alterar sustancialmente el orden establecido. Su objetivo no era en absoluto transformar radicalmente la sociedad y el estado, ni mucho menos instaurar un régimen democrático, sino precisamente permitir la supervivencia de un orden desigual en el que ellos mismos pertenecían a la clase dirigente, pero haciendo posible una mayor participación política de los nuevos grupos sociales emergentes, una mayor integración en la comunidad de las clases bajas y una mejora de las condiciones de vida de los campesinos romano-itálicos y de la plebe urbana de Roma.

A los populares cabe atribuir fundamentalmente las siguientes iniciativas legislativas: reformas agrarias que tenían como finalidad la entrega de tierras a campesinos desposeídos o a veteranos legionarios, bien individualmente, bien mediante la fundación de colonias; reparto de trigo a bajo precio o incluso gratuitamente mediante leyes frumentarias; medidas contra la excesiva usura y en favor de la condonación de deudas contraídas por las clases inferiores de la sociedad; potenciación de las asambleas populares; defensa de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, tales como la introducción del sufragio secreto en los comicios para evitar el control que la élite ejercía sobre el voto emitido oralmente, el derecho de apelación frente a los abusos que los magistrados pudieran cometer, la introducción de los libertos en la circunscripciones electorales, el derecho de asociación del pueblo a través de los collegia, etc. A cambio, y a pesar de las acusaciones formuladas contra ellos, no se propusieron modificar en esencia el sistema político, en el que también para ellos el senado debía constituir la clave del entramado institucional, ni pretendían en absoluto dar el poder a la plebe, ni por supuesto acabar con la esclavitud. Los populares no eran revolucionarios, sino reformistas que trataban de ofrecer alternativas parciales frente a la crisis de un régimen político esclerotizado y cada vez más degradado.

Tradicionalmente, se considera como la fecha en que se inicia la llamada crisis de la República el año 133 a.C., en el que Tiberio Sempronio Graco ejerció el cargo de tribuno de la plebe. Como tal, presentó un proyecto de ley según el cual el uso de la tierra pública (ager publicus) por parte de un particular debía restringirse a un máximo de 125 hectáreas, al tiempo que fijaba asimismo un límite para el número de cabezas de ganado que podía pastar en ellas. El propósito inmediato de este proyecto era contrarrestar el acaparamiento ilegal de tierras públicas que se había producido en los decenios anteriores por parte de determinados propietarios. La propuesta de Graco contemplaba la confiscación del terreno obtenido ilegalmente y su reparto en pequeñas parcelas entre campesinos que habían perdido sus tierras. Con ello, no sólo se pretendía aliviar un problema social creciente, sino reconstruir siquiera fuera parcialmente el pequeño campesinado que tradicionalmente había constituido la columna vertebral de la sociedad romano-itálica, lo cual, a su vez, habría de permitir renovar el tradicional ejército de soldados-campesinos-ciudadanos que, como hemos visto anteriormente, estaba en peligro.

Se trataba por consiguiente de una reforma que, de llevarse a cabo, hubiera tenido indudables efectos benéficos para alguno de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero que, en última instancia, era una reforma conservadora, justificada por el mismo Graco como el restablecimiento de una situación anterior, ya que, supuestamente, el proyecto de ley recuperaba una ley del siglo IV que había caído en desuso. Sin embargo, el punto de vista de la mayor parte de la aristocracia senatorial terrateniente fue muy distinto. En su opinión, como más tarde expondría Cicerón para legitimar la muerte del tribuno, el objetivo de Graco era arrebatar por la fuerza sus propiedades a los boni, creando así la discordia y subvertiendo el orden establecido. Otro tribuno de la plebe, Octavio, trató de vetar la ley, ante lo cual Graco reaccionó, en un gesto sin precedentes, proponiendo al pueblo su destitución, sobre la base de que Octavio estaba actuando contra los intereses de quienes le habían elegido. Además, Graco intentó financiar su proyecto con parte de las riquezas que el rey de Pérgamo acababa de legar al pueblo romano en su testamento, lo cual fue visto por el senado como una intromisión intolerable en la dirección de la política exterior, que había estado tradicionalmente en sus manos. Finalmente, Graco intentó ser reelegido tribuno para poder culminar su reforma. Todas estas acciones fueron contempladas por sus adversarios políticos como un inaceptable atentado contra la tradición, e inmediatamente Graco fue acusado de aspirar a ejercer un poder tiránico, imputación que sirvió de justificación de su asesinato.

Diez años más tarde, su hermano Cayo, habiendo sido elegido asimismo tribuno de la plebe, intentó llevar a término un ambicioso plan de reformas para sanear la sociedad y dar un mayor protagonismo político a los caballeros y a las élites itálicas. Entre las propuestas, se cuentan las siguientes: una ley frumentaria, que autorizaba la venta de trigo a bajo precio a la creciente plebe urbana de Roma, cuya situación económica se deterioraba por momentos; el reparto colectivo de tierra mediante la fundación de varias colonias; el arriendo de la explotación de la rica provincia de Asia a los publicanos, el principal grupo dentro del orden ecuestre; y una ley por la que los caballeros pasaban a formar parte del tribunal encargado de juzgar los casos de extorsión y corrupción protagonizados por gobernadores provinciales, hasta ese momento compuesto exclusivamente por senadores, de manera que los miembros del orden ecuestre pudieran fiscalizar parcialmente el ejercicio del poder. La aristocracia más conservadora entendió que la ley frumentaria no hacía sino fomentar la holgazanería de las clases bajas y que el resto de propuestas ponía en peligro sus privilegios, de manera que Cayo Graco fue asimismo asesinado tras decretarse contra él el denominado senatus consultum ultimum y buena parte de sus iniciativas fueron derogadas.

La historia se repitió en los decenios siguientes en diversas ocasiones, de modo que los intentos de reformas que, también desde el tribunado de la plebe, pretendieron introducir políticos como Saturnino, Druso, Sulpicio Rufo y Clodio, entre otros, acabaron todos ellos con su eliminación física y la abolición de sus leyes en el caso de que hubieran llegado a ser aprobadas. Ninguno de ellos llegó nunca a ocupar una magistratura superior, ni la pretura ni el consulado, pero todos fueron acusados de ambicionar un poder tiránico y su muerte fue justificada por ser enemigos del estado romano. Cicerón se refiere a ellos en sus escritos como una minoría absolutamente alejada del pueblo, al que según él utilizaba en su propio beneficio. Sin embargo, la plebe romana no parece haber tenido esta percepción. Por el contrario, tenemos constancia de que no sólo los apoyó políticamente, por lo general mediante movilizaciones en la calle, sino que mostró por algunos de ellos una auténtica devoción religiosa, hasta el punto de que Plutarco nos informa de que fueron erigidos espontáneamente altares dedicados a los Gracos en los lugares donde fueron asesinados, en los que miembros de la plebe, dice el autor griego, realizaban sacrificios diarios como si fueran dioses.

En definitiva, la miopía política de los optimates impidió la introducción de reformas que pudieran solucionar algunos de los problemas estructurales que estrangulaban el estado romano tardorrepublicano. Las instituciones, en especial el senado, perdieron credibilidad y se vieron impotentes para hacer frente a los desajustes planteados. Como consecuencia, dos fenómenos caracterizaron el período: la generalización de la violencia en la vida política y el recurso al hombre providencial como solución a la crisis, solución contradictoria en sí misma con el sistema político en cuyo seno se alumbraba.

Durante la época tardorrepublicana, la violencia en Roma puede calificarse como multiforme y semipermanente. Se sucedían los enfrentamientos en las asambleas populares con diversos objetivos, tales como influenciar en el resultado de unas elecciones, forzar la realización de un juicio político o lograr la aprobación o la retirada de un proyecto de ley. Incluso durante los años 60 y 50 sabemos de la existencia de bandas armadas que, al servicio de políticos de muy distinto signo, actuaban con impunidad en la ciudad. Que el problema era percibido como tal lo demuestran las diferentes leyes de vi que fueron aprobadas durante el período para intentar frenar la violencia y los juicios que, en virtud de ellas, se celebraron. Sin embargo, la violencia no fue controlada en ningún momento, fundamentalmente por dos razones. Por un lado, porque no existían cauces institucionales adecuados para canalizar las protestas de diversos grupos sociales y en particular de las clases más desfavorecidas, de modo que el recurso a la fuerza era visto frecuentemente como la única salida posible. Por otra parte, no existió una voluntad real de acabar con la violencia, sino que ésta fue justificada como servicio a la comunidad cuando la aristocracia más conservadora lo consideró necesario, siguiendo el principio de que, en caso de extrema necesidad, la argumentación y el debate podían y debían ser sustituidos por la eliminación física del adversario político.

Ese doble lenguaje frente al uso de la violencia se aprecia nítidamente en la postura adoptada por Cicerón, tanto desde el punto de vista teórico en sus escritos, como en su práctica política. Cicerón aborrece en teoría la utilización de la fuerza, pero le parece moralmente justificable cuando se emplea contra los sediciosos y en favor de los boni, es decir, para salvar el estado. En ese sentido, dos de sus discursos judiciales son especialmente ilustrativos de su posición. En el año 52, defendió a su amigo Milón en un juicio en el que éste estaba acusado de haber inspirado meses atrás el asesinato de Clodio a manos de una banda armada que trabajaba para él. Por una parte, argumenta el orador en su alegato de defensa que el asesinato no fue premeditado, pero el principal razonamiento con el que pretende lograr la exculpación de su cliente es el siguiente: Clodio, que constituía para Cicerón uno de sus mayores adversarios políticos, puesto que le había forzado a marchar al exilio años atrás, era ante todo un enemigo del estado, un tirano capaz de las mayores atrocidades, por lo que su muerte había sido justa y merecida, ya que permitía la salvación de la res publica. Por consiguiente, Milón no sólo no merecía un castigo, sino en todo caso una recompensa, y el único reproche que cabía hacer es que la muerte de Clodio no se hubiera producido mucho antes. En definitiva, la tesis ciceroniana es que el crimen cometido en nombre del estado no sólo es útil, sino necesario para defenderse de los enemigos de la comunidad.

Ese mismo principio había sido sostenido por Cicerón once años atrás en su discurso en defensa de Rabirio, el presunto asesino del popular Saturnino, muerto casi treinta años antes. Se trataba claramente de un juicio político, con el que se pretendía en última instancia atacar el llamado senatus consultum ultimum, arma que había sido utilizada contra Cayo Graco, Saturnino, y que sería más tarde usada contra otros populares. Se trataba de un decreto senatorial declarando tácitamente el estado de emergencia en Roma y exhortando a todos los magistrados, o a alguno de ellos en concreto, a poner en práctica las acciones precisas para que la res publica no sufriera daño alguno y el orden fuera restablecido. Realmente, el senadoconsulto último no fue nunca regulado por una ley que fijara cuáles eran las competencias de los magistrados, sus limitaciones, la duración de esta medida extraordinaria, etc. Se trataba en definitiva de una disposición arbitraria que, en la práctica, significaba la condena a muerte encubierta de los individuos considerados peligrosos por el senado.

Cicerón tenía un especial interés en apoyar el senadoconsulto último como una práctica saludable, puesto que él mismo, siendo cónsul, lo había aplicado contra los seguidores de Catilina, algunos de los cuales fueron ejecutados por orden suya sin juicio previo. Al defender a Rabirio, Cicerón se estaba defendiendo a sí mismo, y lo hizo con el argumento de que el asesinato de Saturnino estaba justificado porque había sido útil para el estado, igual que él mismo había salvado a Roma frente a la destrucción que hubiera significado el triunfo de Catilina. En la misma línea de su discurso Pro Milone, la tesis de Cicerón es que la seguridad del estado debe primar por encima de todo, lo cual se resume en sus propias palabras con la siguiente frase: “salus populi suprema lex esto” (De legibus III,8). Que ésa fuera la opinión mayoritaria entre el pueblo resulta más que discutible, puesto que la razón por la que Cicerón se vio obligado a exiliarse en el año 58 fue precisamente la acusación que formuló contra él Clodio de haber ajusticiado a ciudadanos  romanos sin que éstos tuvieran derecho a su defensa en los tribunales, amparándose tan sólo en el senadoconsulto último que el propio Cicerón había solicitado.

Pero la expresión máxima de la violencia tardorrepublicana fueron las guerras civiles que se sucedieron a lo largo del siglo I a.C. Como tal debe ser considerada la llamada guerra de los aliados (bellum sociale), librada en los años 91-89 entre el estado romano y la mayor parte de sus aliados itálicos. Éstos pretendían lograr su integración jurídica en la comunidad romana como ciudadanos de pleno derecho tras varios intentos fallidos de introducir una legislación que lo hiciera posible, el último el del tribuno Livio Druso inmediatamente antes de que estallara el conflicto bélico. Roma ganó la guerra, pero finalmente los itálicos lograron la ciudadanía romana.

Era la primera vez desde el final de las luchas habidas entre patricios y plebeyos en los primeros siglos de existencia de la República que una discrepancia política interna se transformaba en un enfrentamiento armado. Psicológicamente, esto contribuyó a alejar los por otra parte lógicos escrúpulos existentes ante posibles guerras civiles. Casi sin solución de continuidad, en los mismos años 80, se desarrolló la ya mencionada contienda entre los partidarios de Cayo Mario y los de Sila. Como resultado final, este último se convirtió en dictador y desencadenó una sangrienta represión de sus adversarios a través de la destrucción de ciudades que se habían destacado por su apoyo hacia Mario, así como mediante proscripciones. Los nombres de cientos de seguidores de Mario fueron expuestos públicamente en listas, implícitamente condenados a muerte en tanto que enemigos del estado, de modo que cualquier ciudadano podía asesinarles legalmente, mientras sus bienes eran confiscados y subastados públicamente, lo que permitió el enriquecimiento rápido de determinados individuos, entre ellos Craso, llamado a desempeñar más tarde un destacado papel político.

Sila se presentó a sí mismo como restaurador de la gloriosa res publica de los antepasados, y para ello fortaleció y amplió el senado, eliminó a los caballeros de los tribunales y limitó extraordinariamente las prerrogativas de los tribunos de la plebe por considerar esta magistratura un foco permanente de sedición. Estas reformas fueron introducidas desde una magistratura excepcional, la dictadura, en desuso desde hacía más de un siglo, cuyo mandato teóricamente no podía superar los seis meses. Ilegalmente de acuerdo con la tradición que pretendía defender, pero desde la posición de fuerza que le habían otorgado las armas, Sila ocupó el cargo durante un par de años, hasta que decidió dimitir voluntariamente. Con la pretensión de restablecer la legalidad y el orden tradicional, Sila había puesto en marcha definitivamente el mecanismo que habría de conducir a la disolución del régimen republicano.

Como he señalado anteriormente, los mandos extraordinarios y la permanencia durante períodos prolongados al frente de sus ejércitos hicieron que primero Pompeyo en los años 70 y 60, y luego César en los años 50, adquirieran un enorme prestigio y poder. Pompeyo culminó su carrera política al servicio del senado dirigiendo en el año 52 la sangrienta represión contra los partidarios de Clodio tras el asesinato de éste. Para ello, el senado proclamó una vez más el estado de excepción y le nombró cónsul único (consul sine collega), solución institucional excepcional y claramente contraria a la tradición, pero con la cual se habilitaba a Pompeyo para actuar con el poder omnímodo de un dictador sin desempeñar oficialmente este cargo. Una vez más, incluso desde el máximo órgano encargado de velar por la conservación de la res publica, la única solución que se ofrecía ante un estallido concreto de la crisis general era el recurso a un régimen autoritario irregular y el uso de la violencia partidaria: en la misma línea de las tesis ciceronianas, la supresión de los elementos peligrosos habría de permitir supuestamente la sanación del estado. 

En la práctica, la cesión del poder a Pompeyo, lejos de solucionar la crisis republicana, la agravó al mismo tiempo que redujo el conflicto a una disputa sobre el liderazgo político en Roma. En esas cir-cunstancias, sólo era cuestión de tiempo que estallara la guerra civil que habría de decidir cual de los dos candidatos tácitos, Pompeyo y César, se convertiría en líder indiscutible del imperio romano y que pondría punto final de hecho al sistema político hasta entonces vigente. Definitivamente, el ejército se había convertido en el factor decisivo en la política romana, en perjuicio del senado y de las asambleas populares, confirmando que el centro de decisión se había desplazado desde el Foro a los campamentos y campos de batalla. La contienda, librada en diversos escenarios del Mediterráneo entre los años 49 y 46, se saldó con la victoria de César, quien, como años atrás había hecho Sila, acabó por convertirse en dictador, pero con una diferencia extraordinariamente significativa: oficialmente su cargo desde comienzos del año 44 fue el de dictador perpetuo, sin limitación alguna de tiempo. 

Si el propósito último de César era instaurar un régimen monárquico, es una cuestión ampliamente debatida, puesto que, si bien existen algunos indicios al respecto, no hay datos concluyentes que permitan asegurarlo. Lo que es evidente es que una parte de la aristocracia así lo entendió y promovió su asesinato. Como es bien sabido, éste, simbólicamente escenificado, tuvo lugar en los Idus de Marzo del año 44, cuando el dictador se dirigía a una reunión del senado, en el vestíbulo del teatro hecho construir por su gran rival Pompeyo e invocando los asesinos, como depositario de las esencias republicanas, a Cicerón. 

El asesinato de César muestra que, a pesar de la descomposición del sistema político, la instauración de un régimen de poder unipersonal no estaba aún suficientemente madura. Sin embargo, los hechos acaecidos tras los Idus de Marzo indican que la desaparición del dictador no hizo sino retrasar un proceso imparable, a la vez que servía de enseñanza para futuros aspirantes al poder. Los asesinos, con Bruto a la cabeza, declararon solemnemente la restauración de la libertad tras la muerte del tirano, pero este anuncio fue acogido con escepticismo y frialdad por el pueblo. Indudablemente midieron mal sus fuerzas y no se apercibieron de que había importantes sectores de la población que no tenían ningún interés en eliminar las medidas adoptadas durante el mandato de César. La plebe romana había sido favorecida por una parte de sus iniciativas políticas, razón por la cual César gozaba de una enorme popularidad, hasta el punto de que, en medio de una fuerte presión popular, fue divinizado tras su muerte y se construyó en su honor un templo en el Foro. Contaba además con el respaldo sin fisuras de los veteranos de su ejército, muchos de los cuales habían recibido tierras en propiedad mediante un ambicioso plan de colonización que redujo considerablemente el número de ciudadanos que recibían alimento a expensas del estado. En esas circunstancias, el intento de los conjurados de resucitar la vieja república romana carecía de apoyos y chocaba frontalmente con la realidad histórica.

En los años siguientes, la cuestión fundamental fue saber quién tomaría el relevo de César al frente del estado romano. De entre los posibles candidatos, dos destacaron por diferentes razones y acabaron disputándose entre ellos el poder. Marco Antonio, el lugarteniente más próximo al dictador, fiel cesariano, político experimentado y popular, logró controlar la situación en Roma en los días siguientes al magnicidio y se vio a sí mismo como el continuador lógico de la política de César. Sin embargo, el testamento del dictador abrió un camino nuevo de incalculables consecuencias entonces y que, desde nuestra perspectiva, se puede afirmar que contribuyó decisivamente a cambiar el rumbo de la historia en el ámbito mediterráneo. En él, Marco Antonio quedaba en un segundo plano en relación a un joven inexperto de apenas 19 años, que hasta entonces no había desempeñado ningún cargo político de relevancia, que no era senador y que tampoco contaba en su haber con hazañas militares de ningún tipo. Este individuo entonces irrelevante sólo tenía un mérito, el de ser el hijo adoptivo de César, es decir, de un dios, lo que le convertía en su único heredero y ponía en sus manos el cumplimiento de las promesas de su padre que implicaban un desembolso económico, ya que una cláusula del testamento prometía la entrega de 300 sestercios a cada ciudadano. Además, y no menos importante desde el punto de vista de la propaganda política, este joven llevaba el mismo nombre del dictador muerto, Cayo Julio César, aunque nosotros lo conocemos sobre todo por el sobrenombre que le fue otorgado tras hacerse con el poder, Augusto.

El futuro Augusto explotó al máximo este pequeño gran capital. Logró ser reconocido por el pueblo y por los veteranos del ejército cesariano como heredero político de César, con lo que se convirtió automáticamente en una opción política real. Consiguió permanecer en Roma mientras sus rivales ocupaban diferentes cargos fuera de la capital, de manera que pudo influir en la opinión pública contra aquéllos, y acabó por presentarse como el único líder que podía salvar al estado. Continuando con un comportamiento que había sido habitual en los años anteriores, se las ingenió para identificarse a sí mismo con la res publica y convertir a sus adversarios políticos en enemigos del pueblo y del estado. Sin duda, una de las claves de su triunfo final fue saber presentar a Marco Antonio como un personaje desleal hacia Roma por su relación con Cleopatra. En el año 31, el hijo del divinizado César logró hacerse con una copia del testamento de Antonio, que inmediatamente leyó ante el senado y en una asamblea popular. Según especificaba el texto, probablemente auténtico, Antonio consideraba a los hijos de Cleopatra como sus legítimos herederos, al tiempo que pedía ser enterrado en la ciudad greco-egipcia de Alejandría. A partir de esos datos, se hicieron correr por Roma diversos rumores según los cuales Antonio pretendía trasladar la capital del imperio a Alejandría, repartir la parte oriental entre los descendientes de Cleopatra e incluso conquistar para ellos el Mediterráneo occidental. De esta manera, Antonio fue convertido en un traidor contra el que había que luchar para salvar Roma y todo Occidente, justificando el inicio de una guerra contra él. Sin embargo, significativamente, el conflicto bélico que condujo a Augusto al poder absoluto no fue oficialmente declarado contra Marco Antonio, el rival a batir, sino contra la reina de Egipto, con lo que la nueva guerra civil fue convertida en cruzada contra un enemigo extranjero. Con su victoria definitiva en Accio en el año 31, Augusto no sólo se convirtió en gobernante único de todo el imperio romano, sino que se presentó como salvador del estado. Al comienzo de su carrera política, era un simple advenedizo, apenas trece años después había pasado a ser el Princeps indiscutible. 

En ese sentido, Augusto resultó ser un auténtico prestidigitador de la política. Del mismo modo que la saludable imagen que de él nos muestran sus estatuas y retratos parece no envejecer nunca, como si el gobernante del imperio hubiera de quedar incólume ante el paso del tiempo, el régimen político que él creó, el Principado, era de hecho una monarquía en la que él era el gobernante único, pero revestida con una fachada republicana. Augusto se esforzó por presentarse formalmente como un gobernante respetuoso de la legalidad, de manera que, como era preceptivo, se negó a ocupar oficialmente de modo simultáneo dos o más magistraturas, pero aceptó asumir sus funciones, de modo que, en la práctica, las instituciones republicanas fueron vaciadas de contenido y todo el poder pasó a las manos de Augusto. No obstante, sabedor de las reticencias que en Roma generaban las apetencias de poder unipersonal, Augusto se cuidó muy mucho de ser llamado rey y su propaganda trataba de convencer de que, en realidad, lo que pretendía era restaurar una vez más la res publica tradicional de acuerdo con las costumbres de los antepasados. Así comienzan sus Res gestae, autobiografía apologética y auténtico testamento político que hizo dar a conocer por todo el imperio a través de inscripciones: “A los 19 años de edad alcé, por decisión personal y a mis expensas, un ejército que me permitió devolver la libertad a la República”.

Sin duda, el Principado contó con detractores, pero los cambios fueron mayoritariamente asumidos como necesarios. Tras un período convulso, el hijo del divinizado César ofreció la paz y la estabilidad a los ciudadanos romanos y fue capaz de construir en torno a él un nuevo consenso político mediante la ampliación de la clase dirigente. Augusto gobernó el imperio romano en solitario durante más de cuarenta años, lo cual le permitió consolidar el nuevo régimen político, que habría de subsistir sin cambios fundamentales en los siglos siguientes. 

Selección bibliográfica

	Algunas obras generales sobre la Roma republicana y, en particular, sobre el período tardorrepublicano: J.M. Roldán, La República romana, Madrid, 1981; M. Beard - M. Crawford, Rome in the Late Republic, Ithaca, N.York, 1985; AA.VV., The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C., Cambridge Ancient History 9, Cambridge 1994. El período postsilano es el tema específico de la obra ya clásica de E.S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley 1995 (1974). La aristocracia postsilana fue magistralmente analizada en clave prosopográfica por R. Syme, The Roman Revolution, Madrid, 1989 (Oxford, 1939).
	
El Commentariolum petitionis de Q. Cicerón, un auténtico manual del candidato al consulado, proporciona una imagen vívida y sumamente instructiva de la campaña electoral en la Roma republicana. Al respecto, véase A. Duplá - G. Fatás - F. Pina, El manual del candidato de Quinto Cicerón, Lejona/Leioa 1990. En general sobre la vida pública en Roma y los derechos de la ciudadanía, C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, París, 1976. También resulta instructivo el libro de M.I. Finley, El nacimiento de la política, Barcelona, 1986. Especialmente interesante para el estudio del funcionamiento institucional y las relaciones políticas resulta el libro de Ch. Meier, Res publica amissa, Wiesbaden, 21980.
	
El imperialismo romano: W.V. Harris, Guerra e imperialismo en la Roma republicana, 327-70 a.C., Madrid, 1989 (11979); K. Hopkins, Conquistadores y  esclavos, Barcelona, 1981.
	
Sobre las propuestas de reformas políticas, en particular sobre las formuladas por Salustio en sus cartas dirigidas a César, A. Duplá - G. Fatás - F. Pina, Rem publicam restituere. Una propuesta popularis para la crisis republicana: las Epistulae ad Caesarem de Salustio, Zaragoza, 1994.
	
Tribunales y política: J.M. David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Roma, 1992.
	
Una crítica de la existencia de grupos políticos estables en Roma se encuentra en T.P. Wiseman, Roman Political Life 90 BC-AD 69, Exeter, 1985, y en los interesantes artículos recogidos en el libro recopilatorio de P.A. Brunt, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford, 1988. En general sobre la practica política del período, F. Pina Polo, “Ideología y práctica política en la Roma tardorrepublicana”, Gerión 12 (1994) 69-94.
	
Sobre el funcionamiento del senado durante el final de la República, véase recientemente M. Bonnefond-Coudry, Le sénat de la république romaine de la guerre d´Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision, Roma, 1989.
	
El tribunado de la plebe: L. Thommen, Das Volkstribunat der späten römischen Republik, Stuttgart, 1989.
	
La oratoria como arma política, en particular en las asambleas populares, en F. Pina Polo, Contra arma verbis. El orador ante el pueblo en la Roma tardorre-publicana, Zaragoza, 1997.
	
Ejército y política: E. Gabba, Esercito e società nella tarda repubblica romana, Florencia, 1973; L. de Blois, The Roman Army  and Politics in the First Century B.C., Amsterdam, 1987.
	
En relación con el senatus consultum ultimum, el mejor estudio en castellano es el de A. Duplá, Videant consules. Las medidas de excepción en la crisis de la república romana, Zaragoza, 1990. En general sobre la violencia, A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, Oxford, 1968, y W. Nippel, Aufruhr und 'Polizei' in der römischen Republik, Stuttgart, 1988. Las proscripciones: F. Hinard, Les proscriptions dans la Rome républicaine, Roma, 1985.
	
En general sobre la sociedad romana, G. Alföldy, Historia social de Roma, Madrid, 1987 (11984). Un detallado análisis de la organización de la plebe urbana como fuerza política y del papel en ella de Clodio en P.J.J. Vanderbroeck, Popular Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic (ca. 80-50 B.C.), Amsterdam, 1987. Véase también Z. Yavetz, Plebs and Princeps, Oxford, 1969.
	
Algunos estudios sobre determinados personajes históricos: Cicerón: P. Grimal, Cicéron, París, 1986; E. Lepore, Il Princeps ciceroniano, Nápoles, 1954; E. Narducci, Modelli etici e societä. Un’idea di Cicerone, Pisa, 1989; S. Utchenko, Cicerón y su tiempo,  Madrid, 1978; N. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1988; Pompeyo: P. Greenhalgh, Pompey. The Republican Prince, Londres, 1981; César: Chr. Meier, Caesar, Berlín, 1982; Z. Yavetz, Julius Caesar and his Public Image, Ithaca, 1983; Bruto: M.L. Clarke, The Noblest Roman. M. Brutus and His Reputation, Londres, 1981.